El PLIE denuncia la injerencia política en el expediente disciplinario al juez Peinado y defiende la independencia judicial como pilar del Estado de Derecho
- 22 jun
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El Proyecto Liberal Español (PLIE) expresa su frontal oposición a la apertura del expediente disciplinario sancionador al juez Juan Carlos Peinado por el Consejo General del Poder Judicial, y considera que dicha decisión constituye una inadmisible injerencia política en la independencia judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho.
El CGPJ ha acordado este lunes la apertura del expediente con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, rompiendo un empate 4-4 entre el sector progresista y conservador del Consejo. Esta fractura política, en un caso que coincide cronológicamente con la investigación que instruye el juez Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, genera una sospecha fundada de que la decisión no responde a criterios jurídicos sino a una agenda política que conviene para infligir daño político al magistrado.
Desde el PLIE se defiende que la independencia judicial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución Española, protege al juez de valoraciones sobre sus resoluciones judiciales por el propio órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ tiene vedado valorar cuestiones jurisdiccionales, y cuestionar el contenido de un auto judicial mediante expediente disciplinario constituye una injerencia en la independencia judicial que amenaza al Estado de Derecho. La propia presidenta Perelló ha declarado que todo intento de injerencia en la independencia judicial supone una amenaza para el Estado de Derecho, principio que debe ser respetado por todos.
La conducta del juez Peinado, analizada objetivamente, no constituye falta sancionable según el artículo 418.5.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El magistrado, en auto de 84 páginas que envía a juicio oral a Begoña Gómez, formula una hipótesis cautelar sobre el riesgo de fuga, afirmando que los escoltas podrían facilitar esa fuga bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos. Esta expresión no es desconfianza hacia la Policía Nacional, sino desconfianza hacia el Gobierno que ejerce la autoridad superior. Los funcionarios de la Policía Judicial son profesionales íntegros que cumplen su deber con honor. La hipótesis es sobre posible influencia política en su actuación, no sobre corrupción policial.
El PLIE reconoce que el razonamiento del juez cruza la línea de mera hipótesis hacia una insinuación, constituyendo un error de proporción moderado. No obstante, este exceso no constituye abuso de autoridad deliberado ni falta muy grave tipificada. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencia de 2008, anuló una sanción por abuso de autoridad cuando no hay prueba de que se intenta dañar el honor deliberadamente. En ausencia de intención deliberada y de base probatoria, no se configura la falta sancionable.
La viabilidad de la posición que defiende que no es falta sancionable es de 60 a 70 por ciento en Derecho, mientras que la posición del CGPJ de que es sancionable tiene una viabilidad de 30 a 40 por ciento. La sanción final aplicada tiene una probabilidad de 30 a 40 por ciento, dado que la Comisión Disciplinaria, con mayoría conservadora, podría archivar sin sanción. Si se sanciona, existe una probabilidad de 70 por ciento de anulación en el Tribunal Supremo si se prueba injerencia política en la motivación.
El PLIE considera que la desconfianza expresada por el juez no es hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino hacia el Gobierno que ejerce autoridad superior sobre la Policía. Esta distinción es fundamental para comprender que no se trata de una falta de consideración hacia la Policía, sino de una valoración política sobre posible influencia gubernamental en la actuación policial.
El partido recomienda al juez Peinado alegar violación del artículo 117 de la Constitución por injerencia en la independencia judicial, denunciar el sesgo político por la votación fracturada 4-4 con voto de calidad de Perelló, citar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2008 que establece que sin prueba de abuso no hay sanción, y preparar recurso al Supremo para garantizar la protección de la independencia judicial.
El PLIE defiende la independencia judicial como pilar del Estado de Derecho y considera que cualquier injerencia en ella es amenaza para la democracia española. El partido exige que el CGPJ respete los principios constitucionales y no actúe como instrumento político contra la mayoría gubernamental o contra jueces que investigan casos de alta sensibilidad política.
La decisión del CGPJ de abrir expediente al juez Peinado con el voto de calidad de la presidenta Perelló, en un contexto de fractura política y coincidencia cronológica con la causa contra Begoña Gómez, genera una sospecha fundada de injerencia política que debe ser combatida por todos los partidos que defiendan el Estado de Derecho.
El PLIE se mantiene firme en su defensa de la independencia judicial y de los principios constitucionales que garantizan la justicia imparcial y libre de presiones políticas.
Palma, 22 de junio de 2026
Proyecto Liberal Español (PLIE)
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