Contra la corrupción, sí; contra el clientelismo, también.
Cuando Yolanda Díaz anunció la voluntad de legislar contra los corruptores, quiso presentar al empresario como el origen de toda corrupción: el que ofrece, seduce y corrompe al político. Es una explicación cómoda, pero incompleta. La corrupción no comienza siempre con un sobre bajo la mesa; muchas veces comienza cuando quien gobierna convierte el poder público en una oportunidad privada.
El caso de Montse Mínguez lo pone de relieve. Las informaciones sobre su etapa en el Ayuntamiento de Lérida apuntan a decisiones urbanísticas y económicas que habrían podido beneficiar a empresas vinculadas a su pareja, Sergi Vélez. La Fiscalía archivó en 2015 las diligencias relacionadas con una de aquellas concesiones, pero el archivo judicial no elimina la pregunta política esencial: ¿cómo puede un cargo público intervenir en expedientes que afectan a su entorno económico o familiar sin apartarse?
No basta con decir que todo fue legal. La legalidad formal puede convivir con una grave ofensa a la confianza pública. Un político que predica contra los empresarios, los propietarios o los “privilegiados” no puede ampararse después en que su círculo próximo participa de los mismos negocios que denuncia desde la tribuna.
El político también corrompe
La izquierda quiere reducir la corrupción a la figura del empresario corruptor. Pero el clientelismo demuestra que el problema es más profundo: el poder público puede convertirse en una red de favores, cargos, contratos, subvenciones y lealtades. No hace falta que nadie soborne a nadie cuando el político es, a la vez, quien aprueba el expediente, quien distribuye el recurso y quien protege al beneficiario.
La investigación académica describe el clientelismo como un intercambio de apoyo político por beneficios distribuidos de forma selectiva, y advierte de su estrecha relación con la corrupción. En España, esa lógica tiene raíces históricas: del caciquismo tradicional al clientelismo de partido, el mecanismo es el mismo. Cambian los formatos, no la esencia.
Un Gobierno que predica y practica
Esto no es un problema exclusivo de la izquierda: el clientelismo lo han practicado todos los partidos. Pero la hipocresía se agrava cuando quien gobierna levanta la bandera anticorrupción mientras su propio entorno muestra los síntomas del problema. El caso Mínguez llega precisamente cuando el Gobierno y sus socios presentan la lucha contra la corrupción como una batalla moral, dirigida casi siempre contra el adversario empresarial o político.
Si de verdad se quiere combatir la corrupción, no basta con perseguir al que ofrece. Hay que impedir que el político pueda fabricar la oportunidad, aprobarla y beneficiarse de ella. Eso exige incompatibilidades reales, abstención obligatoria ante conflictos de interés, transparencia total sobre contratos, subvenciones y nombramientos, y límites duros a la discrecionalidad administrativa.
La corrupción no es solo el sobre
La corrupción también es el cambio urbanístico decidido sin distancia, la deuda perdonada al socio conveniente, la concesión otorgada a dedo, el cargo entregado por lealtad partidaria o la subvención convertida en moneda de cambio. Es, en definitiva, el clientelismo: la corrupción de baja intensidad que sostiene redes de poder y que resulta mucho más difícil de perseguir que el sobre.
El caso Mínguez no es solo una anécdota. Es una advertencia. Mientras el poder público se utilice para premiar la proximidad, financiar la lealtad y proteger los intereses del propio círculo, los discursos contra la corrupción seguirán siendo gestos vacíos. España no necesita más sermones contra los corruptores: necesita políticos que se aparten, administraciones que no repartan favores y leyes que ataquen al clientelismo, no solo al soborno.
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