De la avalancha a la narrativa: lo que no dijo Sánchez en El Intermedio
La entrevista del presidente del Gobierno en El Intermedio no ha sido un ejercicio de transparencia, sino de narrativa. Ante una crisis grave en Ceuta, Pedro Sánchez ha optado por el relato de la “avalancha incontrolable”, los “bulos” y la “fuerza mayor”, en lugar de ofrecer datos, plazos y evaluación de lo que falló. Ha anunciado 100 millones “en los próximos tiempos”, 80 millones y “4% del PIB de Ceuta”, mil millones para vivienda y Casa 47, pero sin desglose, financiación ni calendario. Ha culpabilizado a PP y Vox, a las CCAA, a la “ultraderecha” y a los “fondos buitres”, pero no ha asumido su propia responsabilidad.
Esto no es un detalle menor. Es el síntoma de un modelo de hacer política que nos lleva a la extinción.
Ceuta: cuando todo es “fuerza mayor”, nunca hay responsabilidad
El presidente ha dicho que “no queda más remedio que absorber a esas personas”. Que fue una “avalancha incontrolable”. Que “no hubo informes concluyentes del CNI”. Que “9 de cada 10 volvieron a Marruecos”. Que “se invertirán 100 millones de euros en los próximos tiempos”. Que hay un “mando único” y un “plazo hasta fin de año” para “reubicar, identificar y proceder a los expedientes de expulsión”. Que se pasarán de “5.000 plazas activadas” a “10.000 plazas”.
Demasiados números, demasiados eslóganes, demasiada “fuerza mayor”. Pero una pregunta incómoda queda sin responder: ¿qué se hizo con la información que sí había?
El propio presidente reconoció que el CNI “detecta movimiento y número de inmigrantes, pero en absoluto en la proporción que vimos el 30 de julio”. También admitió que hubo “atención y estar pendientes” por parte de las autoridades españolas y marroquíes, “pero no en la proporción de la avalancha que llegó”. En otras palabras: había información, había atención, pero no hubo decisión proporcional al riesgo.
Gobernar con incertidumbre es la norma, no la excepción. Lo que define a un gobierno no es si tiene información perfecta, sino cómo decide con información imperfecta. Cuando todo es “fuerza mayor”, nunca hay responsabilidad política. Ceuta no necesita relatos: necesita evaluación, plazos y cuentas claras.
CNI, WhatsApp y “país serio”: burocratizar la culpa
El argumento de que los WhatsApp “no son prueba de que hubiera alertas” y que “en un país serio lo que se hace es elaborar informes de inteligencia, compartirlos con los superiores” es formalista y peligroso. La responsabilidad política y de mando no depende del formato, sino de qué se hace con la información disponible. La seriedad institucional se mide en decisiones y prevención, no en la burocratización de la culpa.
Reconocer que hubo “atención” y “estar pendientes”, pero “no en la proporción de la avalancha”, es admitir que la información existía y no se tradujo en acción proporcional. La responsabilidad política no se mide en intenciones, sino en decisiones y resultados.
Dinero y promesas: ruido presupuestario de última hora
“Se invertirán 100 millones de euros en los próximos tiempos.” “Plan extraordinario de 80 millones… el 4% del PIB de Ceuta en un año.” “5.000 plazas activadas… objetivo 10.000 plazas.” “Mil millones de euros a las CCAA… SEPES, Casa 47… primeras llaves en Valencia, pronto en Murcia.”
Sin desglose, fuente de financiación ni calendario, eso no es un plan: es ruido presupuestario de última hora. Un plan serio desglosa: dinero nuevo o recolocación, porcentaje para infraestructuras, servicios sociales y seguridad, coste por plaza y por persona acogida, y evaluación de planes similares. Sin eso, es solo narrativa.
Desde PLIE pedimos concreción: ¿de dónde salen esos fondos?, ¿qué partidas se ven afectadas?, ¿cuál es el calendario de ejecución?, ¿qué indicadores de éxito se van a usar? La credibilidad presupuestaria no puede sacrificarse en un anuncio electoral.
Ley de Nietos, censo y derecho al voto: el voto como coartada
“No hay que temer al voto, sino a aquellos partidos políticos como PP y Vox que pretenden cercenar un derecho de la ciudadanía a votar.” El derecho al voto es sagrado, pero también lo es la seguridad jurídica y la legalidad del censo. No se puede usar el voto como coartada para evitar debatir la Ley de Nietos.
Poner de ejemplo que “después de la ley de 2022 con la ley se votó al PP en el voto extranjero” es correcto, pero insuficiente sin datos oficiales: ¿cuántos votaron al PP?, ¿en qué circunscripciones?, ¿qué porcentaje del voto extranjero?, ¿hay irregularidades? Sin datos, es solo narrativa.
Justicia, hermano, Begoña Gómez y Peinado: politizar la justicia
Decir que un juez “ha hecho mucho daño a la justicia… no va a ser recordado por ser un juez imparcial” y que las causas contra su hermano y su mujer son por “posiciones ultraderechistas, PP y Vox para socavar un Gobierno legítimo” es una forma de politizar la justicia que debilita el Estado de derecho.
Desde PLIE recordamos que la independencia judicial es un pilar del Estado de derecho y que las causas judiciales deben seguir su curso sin interferencias políticas. Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero la justicia debe ser independiente, no politizada. La separación de poderes no es negociable.
Vivienda, VPO, fondos buitres y “boicot ideológico”: culpar a las CCAA
Decir que el problema de la vivienda es un “boicot ideológico de CCAA con un componente ideológico contrario a la Ley” y anunciar mil millones y Casa 47 sin transparencia en índices de referencia, zonas tensionadas y costes por vivienda es una forma de cerrar el debate, no de abrirlo.
Culpar a las CCAA y anunciar millones sin transparencia no es solución: es narrativa. Desde PLIE pedimos transparencia real: ¿qué CCAA se niegan?, ¿qué índices de referencia se usan?, ¿qué zonas están tensionadas y por qué?, ¿qué coste por vivienda de Casa 47?, ¿qué calendario? La vivienda es un derecho, pero también un mercado que requiere transparencia, seguridad jurídica y evaluación de políticas.
Anunciar que “se les obligará a que las VPO no sean vendidas a fondos buitres” y que “este Gobierno es el que lo ha puesto en marcha” es correcto en el fondo, pero insuficiente si no se concreta. ¿Cómo se obligará a las CCAA?, ¿qué mecanismos jurídicos?, ¿qué definición de fondos buitres?, ¿qué evaluación hay de políticas anteriores?
Cierre: el modelo que lleva a la extinción
“Cada día que permanece este Gobierno progresista al frente del Ejecutivo es un día ganado para la transformación en positivo de España.” “La Ley de Memoria Democrática implica que el único objetivo de PP y Vox es recortar derechos.” “Todo lo que pasa es por PP y Vox.”
Pero cuando todo es por PP y Vox, por los bulos, por las CCAA y por la “avalancha”, lo que hay es un modelo que no asume responsabilidad. Eso no es progreso: es rendición disfrazada de prudencia. Y ese modelo no nos lleva al futuro: nos lleva a la extinción.
No es la IA, ni los tiempos, ni los “bulos”: es una forma de hacer política basada en relatos, promesas sin coste y responsabilidades difusas. O cambiamos de forma de hacer política, o nos extinguimos como proyecto creíble.
PLIE — Editorial Lunes, 14 de septiembre de 2026
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