La vivienda no se ha dejado al mercado; se ha usado el mercado para no gobernar

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores fracturas sociales y políticas de la España actual. Lejos de afrontarse con una estrategia de gobierno seria, sostenida y eficaz, el problema se ha administrado durante años con una mezcla de retórica, improvisación y renuncia práctica que ha terminado trasladando todo el coste a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y a las clases medias.

Los datos ya no permiten disimular la magnitud del deterioro. El precio de la vivienda libre aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026, en la mayor subida desde 2007, y el encarecimiento se extendió a todas las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, el mercado muestra señales de tensión estructural, con descenso de compraventas al inicio del año y una persistente dificultad de acceso para quienes quieren formar un hogar, ahorrar o desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Ante esta realidad, resulta insuficiente limitarse a anunciar planes, fondos o declaraciones de intención. El Gobierno aprobó en abril el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros y presentado como instrumento para ampliar el parque público y contener la especulación. Sin embargo, la continuidad del deterioro demuestra que el problema no es solo de recursos, sino de enfoque, ejecución y voluntad política.

La cuestión de fondo es más grave. No se ha permitido que exista un mercado verdaderamente funcional, competitivo y accesible, sino que se ha invocado al mercado como coartada para justificar la falta de gobierno. Allí donde hacían falta seguridad jurídica, suelo disponible, agilidad administrativa, aumento de oferta y reglas claras, se ha impuesto una política incapaz de resolver los bloqueos de fondo.

Desde una perspectiva liberal, la lección es evidente: gobernar no significa sustituir al mercado, sino hacer posible que funcione en beneficio de la sociedad y no en perjuicio de las nuevas generaciones. Cuando el acceso a la vivienda deja de depender del esfuerzo y pasa a depender de barreras estructurales, privilegios regulatorios y escasez crónica, lo que fracasa no es el mercado, sino el Estado en su obligación de ordenar, garantizar y corregir.

La vivienda no puede seguir siendo el terreno donde la clase política encubre su impotencia con consignas ideológicas. Lo que está en juego no es solo el precio de los pisos, sino la posibilidad real de emancipación, estabilidad y futuro para millones de españoles. Una sociedad que dificulta sistemáticamente el acceso a la vivienda está comprometiendo su libertad, su cohesión y su continuidad generacional.

La situación exige abandonar la propaganda y recuperar el gobierno. España necesita una política de vivienda que deje de administrar la escasez y empiece a remover los obstáculos que impiden construir, acceder, alquilar e invertir con certidumbre. Todo lo demás consiste en prolongar una crisis que ya ha dejado de ser sectorial para convertirse en una cuestión central de justicia, prosperidad y futuro nacional.

La vivienda no se ha dejado al mercado; se ha usado el mercado para no gobernar.