Puigdemont puede esperar
Editorial PLIE | 5 de octubre de 2026
El regreso de Carles Puigdemont a España se ha convertido en los últimos días en una carrera contrarreloj mediática, alimentada por filtraciones interesadas y por una narrativa que presenta su vuelta como un derecho inaplazable. Sin embargo, hay razones de peso —jurídicas, políticas e institucionales— para sostener que Puigdemont puede y debe esperar. Y que el Tribunal Constitucional haría bien en no precipitarse.
Un contexto electoral que exige prudencia
La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre por parte de Pedro Sánchez introduce un factor determinante: cualquier decisión del TC en las próximas semanas será leída inevitablemente a través del prisma electoral. Si el tribunal avala la amnistía de la malversación antes de las urnas, estará enviando un mensaje que podría interpretarse como un guiño al independentismo en plena campaña. Si lo hace después, demostrará que su calendario no lo marcan los partidos, sino la Constitución.
La prudencia institucional no es cobardía: es virtud republicana.
La amnistía no es un cheque en blanco
El hecho de que el TJUE haya avalado la ley de amnistía no convierte su aplicación en automática ni exime al TC de realizar un análisis riguroso. La malversación no es un delito político: es un delito contra la administración pública que afecta a todos los españoles, independientemente de su ideología. Equipararlo con otros delitos del procés sería un error jurídico y un flaco favor a la convivencia.rtve
El TC tiene la obligación de asegurar que la amnistía no se convierta en una herramienta de impunidad selectiva. Y eso requiere tiempo.
El riesgo de la instrumentalización
No es secreto que sectores del PSOE y de Junts tienen interés en que Puigdemont regrese antes de las elecciones. Para Sánchez, sería un gesto que podría facilitar futuros pactos. Para Junts, un triunfo propagandístico que revitalice su campaña. Pero el TC no existe para servir a las estrategias de los partidos. Existe para garantizar que las leyes se apliquen con independencia y criterio jurídico.
Pronunciarse ahora sería caer en la trampa de la urgencia política. Esperar, en cambio, reforzaría la percepción de que el tribunal decide con cabeza, no con el reloj electoral en la mano.
La paciencia como acto de responsabilidad
Puigdemont ha esperado nueve años. Puede esperar unas semanas más. Lo que está en juego no es solo su situación personal, sino la credibilidad de las instituciones españolas y la percepción de que el Estado de derecho se aplica con equidad, no con concesiones tácticas.
El TC debería aprovechar el margen que le ofrece el adelanto electoral para demostrar que su función no es acelerar procesos, sino garantizar que se hagan bien. Y eso, a veces, significa tener la valentía de decir: esto puede esperar.
Conclusión
En un momento de alta polarización, el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de blindar su independencia y demostrar que no se deja arrastrar por las presiones del Ejecutivo ni por las urgencias de los partidos. Esperar al resultado del 29 de noviembre no es eludir responsabilidad: es ejercerla con la prudencia que exige la Constitución. Puigdemont puede esperar. España se lo agradecería; pero el juego político ya dejó de ser en interés de España hace mucho tiempo.
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