Una agenda liberal para la vivienda
Francisco Fernández Ochoa Presidente del Proyecto Liberal Español (PLIE) y miembro del Consejo Liberal Español, Abogado y politólogo.
España necesita viviendas. Esta debería ser la primera frase de cualquier debate serio sobre el acceso a un hogar. Según el Banco de España, entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit cercano a 750.000 viviendas: se forman más hogares de los que la construcción puede atender, sobre todo en las zonas donde se concentran el empleo y las oportunidades. La escasez perjudica especialmente a los jóvenes, que ven aplazada su emancipación mientras crecen los precios y los alquileres.
Ante este diagnóstico, vuelve a ofrecerse la respuesta aparentemente más fácil: intervenir los precios, señalar al propietario o insinuar que la vivienda aparecerá mediante un «exprópiese». Es una política que encuentra culpables antes de encontrar soluciones. Ni un tope al alquiler levanta un edificio, ni la amenaza sobre la propiedad convierte un local vacío en una vivienda habitable.
Desde el liberalismo clásico defendemos la propiedad privada no como un privilegio de quienes ya poseen una casa, sino como una garantía de libertad para todos. También para el joven que aspira a comprar la suya. La propiedad permite ahorrar, invertir, alquilar y construir con la confianza de que las reglas no cambiarán arbitrariamente. Sin esa confianza, habrá menos personas dispuestas a poner viviendas en el mercado.
La Constitución reconoce la propiedad privada, establece su función social y somete cualquier expropiación a una causa justificada, indemnización y procedimiento legal. Defenderla no significa negar las obligaciones del propietario ni la necesidad de proteger a las familias vulnerables. Significa rechazar que el Estado descargue sobre un ciudadano concreto el coste de una política social que corresponde financiar entre todos.
La alternativa liberal empieza por actuar donde nace buena parte del problema: la oferta. Hay que facilitar la construcción en las zonas con demanda, revisar las limitaciones urbanísticas que impiden aprovechar suelo apto, permitir densidades razonables cerca del transporte público y agilizar licencias que hoy retrasan durante años nuevas promociones.
También debemos hacer más sencilla la rehabilitación de edificios y la transformación en viviendas de inmuebles que han perdido su uso original. El Banco de España identifica la escasez de suelo edificable y la lentitud del desarrollo urbanístico entre los obstáculos a la construcción.
Junto a ello, necesitamos seguridad jurídica para alquilar. Los contratos deben cumplirse y los impagos resolverse con rapidez y garantías para ambas partes. Si un inquilino atraviesa una situación de vulnerabilidad, la Administración debe prestarle ayuda efectiva, incluso alojamiento cuando sea necesario. Lo que no puede hacer es imponer indefinidamente esa responsabilidad a un pequeño propietario.
La fiscalidad también importa. No tiene sentido lamentar que los jóvenes no accedan a una vivienda mientras se grava cada etapa de su construcción, transmisión y adquisición.
Reducir las cargas vinculadas a la primera vivienda habitual y a la rehabilitación, con medidas bien delimitadas, puede aliviar costes. Pero sería engañoso prometer que una rebaja fiscal o un aval resolverán por sí solos la crisis: sin más oferta, parte de cualquier ayuda puede acabar incorporándose al precio.
No propongo un Estado ausente. Propongo un Estado que cumpla bien su función: planificar infraestructuras, tramitar con agilidad, hacer respetar los contratos y ayudar directamente a quienes no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios. La colaboración con empresas, cooperativas y entidades sociales puede ampliar el parque asequible sin exigir que la Administración sea la única promotora.
El Consejo Liberal Español debe contribuir a este debate sin dogmas y sin olvidar a quienes esperan una solución. La libertad de propiedad y el acceso de los jóvenes a la vivienda no son objetivos enfrentados. Se refuerzan cuando existen reglas estables, competencia y posibilidades reales de construir.
Desde el PLIE defendemos una agenda concreta: más viviendas, menos obstáculos para crearlas, seguridad para quien alquila y ayuda directa para quien la necesita. Frente al «exprópiese» y frente al decreto que pretende ocultar la escasez, ofrecemos una política que permita abrir puertas: las de las viviendas que faltan y las de una vida independiente para toda una generación.
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